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Avioneta y dinero incautados a narcotraficantes quedan en manos del Estado

Poder Judicial toma decisión

El Poder Judicial declaró fundada la demanda de acción de extinción de dominio de una avioneta y de 395,600 dólares que fueron incautadas a narcotraficantes colombianos durante un operativo policial.

A través de una resolución fechada el 27 de octubre, el Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Huánuco resolvió que la avioneta Piper Senacca III, con matrícula policial PNP-231, valorizada en aproximadamente 168,000 dólares, incautada hace algunos años en el operativo denominado Aspuzana, pase a ser propiedad del Estado.

Asimismo, dicha instancia judicial dispuso que se transfieran al Estado 395,600 dólares, depositados en el Banco de la Nación a la cuenta corriente del Ministerio del Interior.

La nave fue incautada por la Fuerza Aérea. Acciones de inteligencia permitieron conocer que esta pretendía aterrizar en una pista clandestina ubicada en el distrito la Morada, provincia de Marañón.

Ante ello, agentes policiales trataron de comunicarse haciendo señales y llamadas a frecuencias establecidas, pero al no tener respuesta efectuaron disparos con arma de fuego, logrando que aterrice en la pista clandestina.

Minutos después, los agentes policiales ubicaron la avioneta abandonada y al realizar el registro de la nave hallaron un saco de polietileno con la inscripción “artistas”, conteniendo el dinero en efectivo, además de otro saco negro con blanco, conteniendo pasta básica de cocaína, con un peso bruto de 50 kilos y 600 gramos.

Personas implicadas

Las autoridades lograron capturar a los pilotos de la avioneta, identificándolos como: Peter Margoliner Salamanca y Fernando Vásquez Bueno, de nacionalidad colombiana, quienes actualmente purgan condena.

En su manifestación afirmaron haber sido contratados por un sujeto conocido como el Gordo, para entregar los costales en Perú a una persona apodada Artista. Para ello recibieron 5,000 dólares y de regreso tenían que recoger a dos colombianos desde Meta, Colombia, para llevarlas a La Morada, distrito de la provincia del Marañón.

Tras la sentencia, los bienes incautados pasan a nombre del Estado, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados.

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