Ministerio de Cultura: viceministras cumplen con los requisitos exigidos por la ley

El Ministerio de Cultura (Mincul) señaló que las designaciones de las viceministras de Interculturalidad, Rocilda Nunta, y de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Janie Gómez, se realizaron cumpliendo con los requisitos exigidos para desempeñar el cargo. En el caso de Nunta, desde noviembre de 2021 y Gómez, en abril de 2022.

Ambas designaciones cumplen con la Ley N.º 31419, promulgada en febrero de 2022, que estableció requisitos mínimos para acceder a diversos cargos públicos, entre otros, el de los viceministros. Así, a partir de esa fecha, se les exige contar con formación superior completa, ocho años de experiencia general y cinco años de experiencia específica, en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico, en el sector público o privado.

«Cuando la ministra Betssy Chavez asumió la cartera de Cultura, el 5 de agosto de 2022, encontró en el ejercicio de sus funciones como viceministras a ambas funcionarias, disponiendo que sea corroborada la idoneidad con los requisitos para el cargo que venían desempeñando, lo cual se pudo acreditar con la documentación correspondiente», señala el Ministerio de Cultura.

Asimismo, la citada cartera refiere que el encargado de supervisar que las áreas de recursos humanos de cada institución verifiquen esos requisitos es la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), la cual realizó algunas observaciones respecto de la documentación sobre la experiencia específica de las viceministras. Ellos señalaban que ambas no cumplían el requisito de cinco años de experiencia específica en cargos directivos o similares, o no presentaban la documentación respectiva.

Desde el Ministerio de Cultura precisaron que Servir llegó a esa conclusión haciendo uso aparente de la función de supervisión, pero recurriendo a evaluar documentación alterna y a razonamientos derivados de información que no están en los expedientes personales. «Esto genera serias dudas sobre la idoneidad del trabajo de supervisión realizado por Servir», sostiene el Mincul.

En Cultura descartan además que se haya producido el incumplimiento de la llamada Ley de Idoneidad. Afirman que ambas funcionarias son profesionales de amplia trayectoria reconocida en sus especialidades, como la arqueóloga Janie Gómez Guerrero, con más de trece años de experiencia en gestión, estudio y manejo de patrimonio arqueológico. Ella suma cuatro años como Coordinadora General en el Programa Qhapaq Ñam y más de nueve años como directora de una de las direcciones altamente especializadas del Ministerio de Cultura, siendo una funcionaria de carrera con especialidad en Patrimonio Cultural.

Con relación a la viceministra Nunta, desde el sector Cultura señalan que representa un acto discriminatorio por parte de Servir el no querer reconocerle el cargo de directora en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), desconociendo la existencia legal y la autonomía institucional de las organizaciones indígenas a nivel nacional.

«El Ministerio de Cultura rechaza que Servir no valore y respete la participación indígena en la función pública. Más aún tratándose de una integrante de las poblaciones históricamente discriminadas, como son los pueblos indígenas», sostiene dicha cartera.

Aseguran que estos actos discriminatorios no solo vulnerarán los derechos individuales, sino también generan un escenario muy peligroso para los derechos colectivos de los líderes, lideresas, directivos y trabajadores de las organizaciones indígenas.

«Ellos se verían impedidos de acceder al ejercicio de la función pública como funcionarios y directivos de libre designación y remoción, como son los cargos viceministeriales, que son parte del núcleo esencial del sistema de Confianza Política en el Poder Ejecutivo. Más aún tratándose de un país reconocido por su diversidad cultural y sus 55 pueblos indígenas u originarios», agrega el Mincul.

La cartera ministerial expresó además que, bajo irrestricta atención de las recomendaciones de Servir, se procedió a la remisión del estamento respectivo, para que se efectúe el deslinde de responsabilidades administrativas.

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