La Contraloría General detectó que 16 funcionarios del Gobierno Regional de Junín, que ocuparon cargos entre 2015 y 2019, ocasionaron un perjuicio económico de 9 millones 362,778 soles a la entidad, al aprobar y otorgar conformidad a favor del contratista por trabajos no ejecutados o deficientemente realizados.
Estos trabajos deficientes o nunca ejecutados corresponden a la construcción de una trocha carrozable que uniría los distritos de Ulcumayo y San Ramón. En la actualidad dicha obra se encuentra paralizada y abandonada.
El contrato para esta obra vial, de 56.3 kilómetros y que comprendía también la instalación de puentes, badenes y alcantarillas, entre otros, se suscribió en octubre del 2015 a favor de un consorcio por 30 millones 307,075 soles, bajo el sistema de contratación a suma alzada.
Sin embargo, de acuerdo al Informe de Auditoría N° 15819-2023-CG/GRJU-AC, en varios tramos de la vía se ejecutaron pendientes entre el 13 % al 42 % de elevación longitudinal en al menos 15 kilómetros, lo cual supera lo establecido en el Manual para el Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, que solo dispone 12 % de elevación.
“Este exceso vuelve a la vía intransitable y no garantiza la seguridad para la circulación de los vehículos de carga pesada, además de no cumplir con el diseño geométrico”, detalló la Contraloría, por medio de una nota de prensa.
Curvas peligrosas, terreno en mal estado
También se identificaron curvas peligrosas y cerradas, lo cual incumple con el manual de diseño geométrico; además, el terreno se encuentra en mal estado por la presencia de derrumbes, piedras grandes y vegetación en la carretera.
Respecto al levantamiento topográfico, se determinó que existen sectores (caseríos, quebradas) sin intervención de movimientos de tierra ni excavaciones por parte de la empresa ejecutora, lo que evita la conexión entre tramos en un total de 21,040 metros.
Ello, a pesar de que los planos del expediente técnico disponían su ejecución. “Y pese a ello, el supervisor y funcionarios del gobierno regional dieron la conformidad para los pagos, incumpliendo la Ley de Contrataciones del Estado”, advirtió la entidad de control.
Todo lo mencionado “ha generado que la vía no esté siendo utilizada, generando un perjuicio de 5 millones 699,226 soles por deficiente proceso de construcción y otros 3 millones 663,551 soles por trabajos no ejecutados, pero pagados, que suman más de 9 millones de soles.
Otros perjuicios
Entre otras irregularidades, el informe detectó que funcionarios de la región contrataron la ejecución de la obra sin tener la disponibilidad del terreno y aprobaron ampliaciones de plazo a pesar de carecer de sustento técnico, lo que originó paralizaciones de obra y la resolución del contrato por causas atribuibles de la entidad.
“Ello generó posteriormente, vía laudo arbitral, el reconocimiento por 2 millones 394,414 soles a favor del consorcio, monto que constituye otro perjuicio al Estado”, precisó la Contraloría.
También se determinó que la entidad dio inicio a los trabajos sin contar con la certificación ambiental, lo cual fue cuestionado por el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en el 2019 y al no ser subsanado, la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en abandono el procedimiento administrativo iniciado dos años antes para la aprobación de dicha autorización
Ello ocasionó que el pago efectuado por 59,992 soles a la empresa contratada “no cumpla la finalidad pública”.
Un total de 16 funcionarios han sido comprendidos en el informe con responsabilidades penales y civiles, como el gerente regional de infraestructura, subgerentes de supervisión y liquidación de obras, subgerentes de obras, subdirector de abastecimiento y coordinadores de la obra, así como otras cinco personas representantes del consorcio.
El informe de auditoría, al que se puede acceder aquí, fue remitido a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y a la Procuraduría Pública de la Contraloría para las acciones legales que permitan determinar las responsabilidad. También se notificó al Gobierno Regional para que disponga las medidas legales, civiles y ante las instancias judiciales competentes.