El ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que el estado de emergencia decretado en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, además de la provincia de Sullana, es una medida que está en desarrollo y que los resultados se evaluarán en 60 días, para ver si se prolonga o se suspende. En esa línea, precisó que dicho estado no se ampliará a otros distritos de la capital.
En declaraciones a la prensa fue enfático al señalar que no se necesita declarar el estado de emergencia en todo Lima. Dijo que hace poco recibió al alcalde de Pachacamac y se le explicó que se trata más bien de trabajar de manera articulada con los municipios.
El titular del Interior dijo que también se viene evaluando para que solo una persona pueda viajar en una moto lineal. “Seguramente la medida tendrá muchos opositores, sin embargo, la vida y la seguridad de las personas prima en este caso. Por eso, estamos evaluando la medida”, afirmó.
Sobre el estado de emergencia, respondió que “se tiene que minimizar poco a poco. La medida está en desarrollo y los resultados los veremos en 60 días”.
En diálogo con los periodistas, tras participar en un foro sobre seguridad ciudadana, organizado por la Cámara de Comercio de Lima, sostuvo que los altos niveles de violencia que vive el Perú no se han visto nunca y, por esa razón, es necesario trabajar más en el tema de la prevención social.
Precisó que el sector que lidera tiene una estrategia importante que es Barrio Seguro y desde el sector empresarial, lo que se llama el Patronato Barrio Seguro, iniciativas que proponen trabajar desde la formación de los niños, en valores, en hábitos, principalmente hasta los 7 años, y en el refuerzo que se debe hacer en los centros educativos.
El ministro señaló también que se debe trabajar en los 120 espacios más violentos que se han identificado, con la concurrencia de ministerios, varios sectores y varias organizaciones para tener mejores ciudadanos.
Pedido a alcaldes
Respecto a los reclamos del alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, en contra de que la declaración de emergencia disponga el cierre de los locales de diversión a partir de la medianoche, el ministro pidió a las autoridades ser consecuentes con sus planteamientos.
“No puede ser posible que un alcalde demande la presencia de las Fuerza Armadas y ahora él mismo se ha sumado al pedido para que se abran los negocios”, comentó.
En esa línea, hizo una invocación a seguir las recomendaciones de la Policía Nacional, como institución experta en el tema de la seguridad. “Acá se debe entender que estamos en un estado de emergencia y eso permite tener un mejor control, por lo tanto, tenemos que cumplir lo que se dispone en esta medida de decreto supremo”, dijo.
Respecto a la liberación de algunas personas vinculadas con organizaciones criminales, el ministro dijo que acá las instituciones tienen que estar mejor articuladas para evitar que se produzcan las puertas giratorias.
“Tenemos que trabajar de la mano, la cadena de justicia donde estamos la Policía Nacional, el Ministerio Público, los jueces y el propio INPE, debe afinar una mejor coordinación para que no se produzcan estos hechos”, refirió.
Recordó finalmente que la seguridad ciudadana es una corresponsabilidad de los diferentes sectores y entidades públicas y privadas, e inclusive de nuestra propia población. “Todos debemos colaborar, acabar con este problema no es un tema exclusivo de la Policía Nacional”, enfatizó.