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Conoce los detalles de la acusación del Congreso contra María Cordero

Pleno del Parlamento decidirá si procede antejuicio contra legisladora.

La congresista no agrupada María Cordero enfrenta la posibilidad de ser acusada constitucionalmente por el pleno del Congreso, así como ser inhabilitada en el ejercicio de la función pública durante diez años por motivos que repasamos a continuación.

Los hechos por los que la parlamentaria sería sancionada fueron expuestos por primera vez en un programa periodístico televisivo en abril. En este se difundió la denuncia de un extrabajador del despacho de la congresista, quien señaló que este retenía entre el 50% y el 75% de su sueldo.

Como prueba de ello se difundieron grabaciones de audio en las que se oía a Cordero insistir en la entrega del dinero. En estas acciones, la legisladora habría contado con la intermediación de un trabajador de Parlamento, de nombre Branden Paredes.

Estas revelaciones motivaron que la Fiscalía de la Nación realice diligencias preliminares para investigar los hechos denunciados.

A nivel parlamentario, una primera consecuencia fue el apartamiento de la congresista de la bancada de Fuerza Popular, a la que hasta entonces perteneció. La congresista de dicho partido, Martha Moyano, planteó una denuncia constitucional en contra de Cordero.

Argumentos de la denuncia

La misma establecía que la exintegrante de la bancada fujimorista incurrió en delito de colusión; figura penal establecida en el artículo 382 del Código Penal. De igual forma, se le imputó infracción a los artículos 1, 2, 22, 23, 38 y 45 de la Constitución.

Esta denuncia, finalmente, fue materia del informe final que sobre este caso emitió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el martes 28 de noviembre. La elaboración de las conclusiones y recomendaciones estuvo a cargo de la parlamentaria Susel Paredes (CD-JP).

En el documento, además, se sumó la medida de suspender a Cordero en su labor parlamentaria durante el tiempo que dure la investigación fiscal y judicial, en caso la acusación sea aprobada por el pleno del Congreso.

También se incluyó en el informe final inhabilitar la legisladora para el ejercicio de toda función pública durante un lapso de diez años. En respuesta a lo expuesto por Paredes, Cordero señaló que se le estaba acusando en base a elementos probatorios que no fueron correctamente corroborados, y también, soltando el llanto, pidió perdón por los hechos que se le imputan.

Finalmente, el documento acusatorio fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que encabeza Lady Camones (APP), con 18 votos a favor y cinco abstenciones. Queda pendiente su traslado al pleno del Congreso, donde se determinará si se da pase al antejuicio de la parlamentaria acusada.

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