Decreto de Urgencia fija medidas económicas para implementar unidades de flagrancia

El Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia 034-2023 que dicta medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para fortalecer e implementar las unidades de flagrancia delictiva y dicta otras medidas.

Dicho dispositivo es publicado esta noche en el boletín extraordinario de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El decreto tiene por objeto dictar medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera, para fortalecer e implementar las unidades de flagrancia delictiva, así como la contratación de personal, bienes y servicios en entidades del Gobierno Nacional, Poder Judicial y gobiernos locales.

Ello con la finalidad de ejecutar acciones urgentes e inmediatas en seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales en un contexto de incremento de incidencia delictiva común y organizada.

Contexto que se presenta en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martin de Porres (Lima) y en los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa (Sullana – Piura), declarados en estado de emergencia por el Decreto Supremo 105-2023-PCM.

Transferencia

En tal sentido, autoriza las transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de 111 millones 659,275 soles, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y gobiernos locales.

Dicha transferencia permitirá la implementación inmediata de Brigadas Especiales Contra el Crimen Organizado a cargo de la Policía Nacional del Perú; la dotación de mayores recursos logísticos a los Departamentos de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres y Sullana.

También, a las Comisarías de San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres y Sullana, a la Oficina de Criminalística de Piura; a la Unidad Funcional de Criminalística de San Juan de Lurigancho; a la División de Policía Judicial y Requisitorias y a la Dirección de Operaciones Especiales a cargo de la Policía Nacional del Perú.

De igual modo, permitirá la contratación y dotación de nuevos defensores públicos y personal de apoyo judicial; la implementación de Unidades de Flagrancia Delictiva; y la implementación de los servicios de patrullaje municipal y video vigilancia a cargo de los gobiernos locales de los distritos declarados en estado de emergencia.

Otras medidas

Además, autoriza la contratación de personal en entidades del Gobierno Nacional y gobiernos locales, estableciendo para ello medidas en materia de contrataciones del Estado.

Por último, dispone que hasta el 30 de enero de 2024, los ministerios del Interior y Justicia, así como el Poder Judicial, con fines de rendición de cuentas y transparencia de la información, remiten a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas en forma mensual, un reporte de las intervenciones en torno al número de detenidos indicando el tipo de delito y si se encuentra bajo la Ley contra el Crimen Organizado.

Scroll al inicio