América Latina: transición a una economía verde ayudará a superar trabas al desarrollo

Los recientes hechos sanitarios y económicos pusieron sobre el tapete la agenda que tienen los países de América Latina y el Caribe para afrontar los retos que impone la nueva realidad, enfocados fundamentalmente hacia una economía verde.

La pandemia del covid-19 y el posterior conflicto entre Rusia y Ucrania desnudaron muchas falencias de las economías latinoamericanas. La crisis por la que atraviesan estas economías se debe a problemas estructurales como débiles sistemas de protección social, baja productividad, frágiles instituciones y un modelo de desarrollo que no es sostenible medioambientalmente, señala informe publicado hoy en el Diario El Peruano.

De acuerdo con el informe Perspectivas económicas de América Latina 2022; Hacia una transición verde y justa, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una transición verde y justa implementada con una visión sistémica podría ayudar a que la región supere esos escollos de desarrollo y a reforzar su resiliencia, mejorando a su vez el bienestar de los latinoamericanos.

“La región está muy expuesta a los efectos del cambio climático, por lo que los gobiernos deberían ver en la recuperación una oportunidad estratégica para emprender una transformación amplia y profunda”, refiere el estudio.

Difícil coyuntura

Según la Cepal, el repunte económico que se produjo en la región el año pasado tras los impactos del covid-19 se ha ralentizado. Esta situación refleja un bajo crecimiento potencial y una serie de retos de carácter estructural.

Las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania y la desaceleración económica de China corroboran que América Latina y el Caribe está profundamente vinculada a un contexto internacional cada vez más complejo. La inflación, la incertidumbre y las perturbaciones en el comercio con socios económicos clave afectan a las economías de la región.

De acuerdo con la entidad, se calcula que, a finales de este año, el 33.7% de la población de la región estará en situación de pobreza y el 14.9% en situación de pobreza extrema. En parte esto se debe a que el aumento de los precios tiene una repercusión más profunda en la población más vulnerable.

Entre enero y mayo del 2022, las tasas de inflación padecidas por las personas en situación de pobreza extrema en algunos países de la región eran 3.6 puntos porcentuales más altas que la inflación general.

“Por ello, la política fiscal debe promover el crecimiento y la inclusión social, sobre la base de los pilares estratégicos de la sostenibilidad medioambiental y fiscal, la descarbonización y la resiliencia”, establece el estudio.

Sociedades resilientes

América Latina es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. Así, 13 de los 50 países identificados como los más afectados por la emergencia climática se encuentran en la región; de ahí la urgente necesidad de una transición verde y justa.

“Este alto riesgo es desproporcionado, considerando que la región es responsable del 8.1% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI), lo cual es proporcional a su cuota de la población mundial (8.4%) y ligeramente superior a su participación en el producto bruto interno (PBI) global (6.4%)”, detalla la Cepal.

Al respecto, sostiene, si se aplican con carácter sistémico, las políticas activas de mitigación y adaptación pueden disminuir las consecuencias desmesuradas del cambio climático en las desigualdades entre países, grupos socioeconómicos, territorios, generaciones y géneros. “Una transición verde y justa debe ir más allá de la lucha contra el cambio climático y priorizar el bienestar de los ciudadanos”.

En este aspecto, la transformación de la matriz energética es clave para promover un mayor bienestar de los ciudadanos y fomentar sociedades más resilientes en América Latina.

La región está dotada de un gran potencial de recursos energéticos renovables. Las energías renovables representan el 33% del suministro total de energía de la región, frente a solo el 13% a escala mundial.

La inversión en tecnologías renovables puede reducir significativamente las emisiones de GEI, logrando, al mismo tiempo, un suministro de energía a menor costo y, en el caso de algunos países latinoamericanos, una menor dependencia de productos importados derivados de combustibles fósiles.

“El éxito de la transición hacia cero emisiones netas estará supeditado a una descarbonización sistémica mediante la electrificación de los diferentes sectores económicos. En paralelo, las inversiones en hidrógeno verde y otros combustibles alternativos bajos en emisiones de carbono, tales como los biocombustibles sustentables, desempeñarán un papel fundamental en la descarbonización de aquellos sectores donde esta tarea presenta mayor dificultad”, precisa.

Financiamiento

América Latina necesita movilizar importantes recursos para financiar la transición verde. Según la Cepal, un escenario de calentamiento global de 2.5°C podría costar a la región entre el 1.5% y el 5% de su PBI de aquí al 2050.

Puesto que el costo de la inacción es elevado, los gobiernos tendrán que retirar gradualmente los subsidios y aprovechar el potencial de los impuestos relacionados con el medioambiente, a la vez que potencian el uso de nuevos instrumentos financieros, como los canjes de deuda por naturaleza, las cláusulas sobre desastres naturales, los bonos para catástrofes y los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a criterios de sostenibilidad (GSSS, por sus siglas en inglés).

Entre el 2014 y el 2021, la emisión de bonos GSSS latinoamericanos en los mercados internacionales alcanzó un total de 73,000 millones de dólares. De ese monto, los bonos verdes por sí solos alcanzaron los 31,000 millones de dólares.

Del importe total de GSSS emitidos, el 42% procedió del sector corporativo, el 37% de emisores soberanos, el 12% de emisores cuasi soberanos y el 5% de emisores supranacionales.

“Promover el papel activo de las instituciones financieras de desarrollo de los ámbitos subnacional, nacional e internacional puede contribuir a lograr la financiación verde necesaria, al movilizar y catalizar inversiones esenciales para transformar la economía hacia un modelo con bajas emisiones de carbono”, refiere el estudio.

En el contexto de América Latina, agrega, facilitar la participación del sector privado es fundamental.

“Además, es crucial mejorar y desarrollar herramientas regulatorias, tales como normas y taxonomías de sostenibilidad o de bonos verdes”, puntualiza.

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